La estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) denunció, en un comunicado, la «política de agresión» aplicada por el Gobierno de Estados Unidos, que a través de sanciones y decisiones judiciales han generado la «pérdida» del valor de los activos de la empresa.
«PDVSA denuncia ante la comunidad internacional la política de agresión sostenida por el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de medidas coercitivas unilaterales e ilegales, decisiones judiciales y otras medidas de carácter restrictivo y punitivo, que han traído como resultado la pérdida de valor de los activos de Pdvsa», dijo la estatal en el texto difundido en su cuenta en Twitter.
La empresa rechaza «categóricamente» la decisión del Departamento del Tesoro estadounidense de no tomar «medidas coercitivas» para bloquear la subasta o un acuerdo negociado sobre las acciones de PDV Holding, empresa tenedora de Citgo, filial de PDVSA en EE.UU.
En un comunicado, precisó que no tomará medidas contra «ninguna persona o entidad por participar, facilitar o cumplir los pasos preliminares» establecidos por un Tribunal de Delaware (EE.UU.) para vender las acciones o por tomar parte en las transacciones necesarias para ese fin.
Pdvsa también rechazó la decisión, y aseguró que es «un ilegal procedimiento de venta» que viola las «normas básicas» del derecho internacional.
La petrolera advirtió que todo acuerdo de pago o transacción en relación con cualquier deuda, controversia, litigio o decisión judicial relativa a PDVSA que sea negociado bajo la Licencia General 42 emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense «es nulo e ilegal» en Venezuela.
El juez de Delaware Leonard Stark autorizó en enero de 2021 a vender las acciones de Citgo para indemnizar a la minera canadiense Crystallex por la nacionalización, hace más de una década, de un yacimiento de oro operado por la minera en Venezuela.
A pesar de esa decisión, y debido a las sanciones, no se podía proceder a la venta sin antes contar con un permiso de la OFAC. El cronograma estipuló un periodo de seis meses, hasta este abril, para consultar con la OFAC el procedimiento.
En octubre de 2022, el mismo magistrado aprobó un calendario para la subasta de las acciones de la empresa tenedora de Citgo.
El Tesoro reconoció este lunes que, tal y como se indicó en el caso Crystallex, tendrá que emitir una licencia adicional en el futuro antes de ejecutar cualquier venta tras evaluar la identidad del comprador potencial.
No obstante, anticipó que la OFAC tiene «la intención de implementar una política de concesión de licencias favorable para dichas solicitudes». De acuerdo con la orden judicial, Citgo está valorada en unos 12.000 millones de dólares y la deuda con Crystallex es de 970 millones de dólares.
EFE
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