Las sanciones pueden tener efectos duraderos en los países destinatarios, con consecuencias no previstas ni esbozadas originalmente por quienes las crearon.
Esto es lo que ocurrió en Venezuela. Las sanciones y las medidas reactivas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro han ido transformando las políticas públicas y dando lugar a nuevos sectores económicos, en un contexto de fortalecimiento del bloque bolivariano y un intento de la oposición de adaptarse al nuevo escenario.
En febrero de 2019, el presidente de Estados Unidos Donald J. Trump afirmó ante una entusiasta multitud congregada en Miami: «todas las opciones están sobre la mesa». Se refería al intento de su gobierno de presionar al régimen de Nicolás Maduro.
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Esa frase, repetida a menudo por el embajador John Bolton, consejero de Seguridad Nacional, resumía la estrategia estadounidense de “máxima presión” hacia Venezuela.
De acuerdo con su teoría del cambio de régimen, era necesario ejercer la máxima presión mediante sanciones individuales y sectoriales, condenar a los líderes del gobierno y amenazar con una intervención militar para buscar el derrumbe del régimen bolivariano.
Semanas antes, en enero de ese mismo año, Juan Guaidó, la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, había jurado como presidente interino de Venezuela y obtenido el reconocimiento inmediato de más de 50 países, la mayoría de los cuales eran importantes democracias de Europa y las Américas.
Presidencia interino
La figura de la “Presidencia interina” se basó en el hecho de que ni la oposición venezolana ni los aliados extranjeros reconocieron los comicios presidenciales de mayo de 2018, en los que Maduro había sido elegido para un segundo mandato, en un marco de proscripción de hecho de la mayoría de los partidos opositores y de persecución a sus candidatos.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una entidad supraconstitucional con mayoría de representantes fieles al oficialismo, convocó y organizó las elecciones, lo que provocó un boicot de la oposición.
Rápidamente, tras reconocer a Guaidó, eeuu impuso duras sanciones económicas con el objetivo de estrangular los ingresos del régimen venezolano. Un punto crucial era que la empresa Petróleos de Venezuela sa (PDVSA) ya no pudiera vender petróleo a Citgo, su subsidiaria en Estados Unidos.
Estas medidas se sumaron a las limitaciones establecidas en agosto de 2017 para refinanciar la deuda pública y de PDVSA, junto con una serie de sanciones individuales impuestas a lo largo de varios años, como el congelamiento de activos y la prohibición del ingreso a Estados Unidos para altos funcionarios del gobierno y aliados del régimen.
Luego las sanciones también se extendieron a empresas de terceros países que comerciaran con PDVSA, con lo cual se le cerraron a Venezuela la mayoría de las puertas para vender crudo, producto que representaba alrededor de 97% de sus ingresos en dólares.
El objetivo era presionar a las Fuerzas Armadas y otros engranajes del poder para que retiraran su apoyo a Maduro y lo transfirieran a la Asamblea Nacional, la última institución elegida democráticamente en el país.
La idea de que todas las opciones estaban sobre la mesa implicaba que Washington estaba dispuesto a ir más allá de las sanciones, y la amenaza de una intervención militar llevaría al Ejército venezolano a desplazar a Maduro del poder.
Sin embargo, la estrategia de máxima presión no logró concretar el cambio de régimen. En definitiva, no hubo acuerdo sobre la intervención, y el único intento de insurrección armada terminó siendo una pobre planificación y ejecución orquestada en abril de 2020 por algunos exiliados, que buscaron desembarcar en las costas venezolanas con un puñado de hombres mal entrenados.
Los socios latinoamericanos no respaldaron un golpe militar, mientras Estados Unidos seguía ocupado principalmente con su propia polarización interna.
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