La presencia de Venezuela dentro del sistema interamericano de derechos humanos es todo un dilema político. Gustavo Petro le ha pedido a Nicolás Maduro que reincorpore al país, y el mandatario venezolano afirmó que estudiaría esa posibilidad. Pero el Estado no solo acumula deudas económicas, algunas de ellas relacionadas a la reparación e indemnización de las víctimas, sino también incumplimientos de otro tipo respecto al reconocimiento de violaciones de DDHH contra ciudadanos venezolanos en específico.
El 10 de septiembre de 2012, el entonces presidente Hugo Chávez denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, un instrumento que da base jurídica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La salida de este sistema se hizo efectiva en septiembre de 2013, seis meses después de la muerte de Chávez y que fue sucedido por Nicolás Maduro, quien sigue en el poder.
Maduro siguió la línea de su antecesor, al asegurar que la OEA, el sistema interamericano y sus instancias respondían a intereses de Estados Unidos y además “degeneraron y se creen un poder supranacional” por investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país.
Pero en 2019, la Asamblea Nacional -de mayoría opositora y considerada «en desacato» entonces por el Ejecutivo- aprobó mediante un acuerdo el retorno al sistema interamericano, al reconocer nuevamente la Convención y la Carta de la OEA. Eso le permitió al gobierno interino de Juan Guaidó posicionar un embajador dentro de la organización y abrió una esperanza a víctimas para que sus casos fueran tomados en consideración dentro de la Corte IDH.
Sin embargo, la realidad política complicó el asunto. Del otro lado, víctimas y organizaciones se empezaron a movilizar para que sus casos sean tratados en este máximo tribunal, que tiene pendiente declarar su admisibilidad o no.
Ezequiel Monsalve, profesor universitario y coordinador jurídico de la ONG Defiende Venezuela, señala que es importante partir de la premisa que desde la perspectiva del derecho internacional público y en especial del derecho internacional de los tratados, “la ratificación que se hizo de la convención en el año 2019 fue efectiva y, de esa manera, los que seguimos acudiendo al sistema interamericano para denunciar y hacer incidencia sobre la violación de derechos humanos en Venezuela lo hacemos en función de ese pronóstico”.
Por supuesto, continúa el especialista en derecho penal, “aquí hay un dilema estructural importante y es que el Gobierno que ejerce el control político del territorio es de Nicolás Maduro. Por tanto, deberíamos preguntarnos si ese Estado va a retornar efectivamente al sistema interamericano y con ello se puede pacificar toda esta coyuntura política en 2019 posterior al desconocimiento de las elecciones presidenciales de Nicolás Maduro y el interinato de Juan Guaidó”.
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