La Unión Europea tiene previsto publicar el miércoles un proyecto de normas que sirva de fundamento jurídico a un euro digital, en caso de que el Banco Central Europeo decida emitirlo en los próximos años.
Los bancos centrales de todo el mundo, desde China y Japón hasta Brasil, Reino Unido y Canadá, están estudiando versiones digitales de sus monedas para evitar que el sector privado llene un vacío en los pagos más rápidos a medida que disminuye el uso del efectivo.
“Esto pone en juego el equilibrio deseable entre el dinero del banco central y los medios de pago digitales privados”, según un borrador de la propuesta de la Comisión Europea visto por Reuters.
El mercado espera que el Banco Central Europeo decida en octubre si sigue adelante con la introducción de un euro digital para usos minoristas, como los pagos, a partir de 2026 como muy pronto, junto con el efectivo. Sin embargo, antes de poder hacerlo, la moneda digital debe contar con un respaldo legal en la UE que garantice su aceptación y uso.
El borrador de la propuesta de la UE, que podría sufrir cambios antes de su publicación, afirma que los beneficios de un euro digital compensarían los costos y que el costo de no emitirlo podría ser muy elevado.
Según el proyecto, una versión digital de la moneda única de la zona euro tendría “curso legal”, es decir, debería ser aceptada como forma de pago.
Apoyaría un mercado de pagos al por menor más fuerte, rápido y competitivo, tendría un alto nivel de privacidad, pero no sería “programable”, lo que significa que su uso se limitaría a bienes o servicios específicos, según la propuesta.
En principio, sólo estaría disponible para los residentes en la zona del euro y los visitantes.
La agencia de calificación crediticia Moody’s señaló en mayo que un euro digital reduciría la dependencia europea de empresas de pago no pertenecientes a la UE, como las estadounidenses Mastercard y Visa, un deseo estratégico de los responsables a cargo de la política monetaria de la UE desde hace tiempo.
A los bancos les preocupa verse relegados a un segundo plano si los depósitos, su principal fuente de financiación, se convierten en euros digitales.
El proyecto de reglamento faculta al BCE para limitar la cantidad de dinero que los particulares pueden almacenar digitalmente, con un tope de entre 3.000 y 4.000 euros.
Para convertirse en ley, la propuesta necesitará el respaldo de los Estados miembros y del Parlamento Europeo.
Reuters
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