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El sector industrial de Venezuela ha estado enfrentando una lucha constante en la economía nacional, a más de un año de la implementación de la Ley de Impuesto a Grandes Transacciones Financieras. Este último recurso, apenas capaz de mantenerlo a flote, ha sido utilizado para sobrevivir en un entorno económico desafiante.

Contrario a las percepciones que podrían haber surgido en el transcurso de este período, la presidenta de la Comisión Tributaria de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Ivette Jiménez, ha planteado una perspectiva intrigante. Según Jiménez, el Impuesto a Grandes Transacciones Financieras (IGTF) ha resultado ser otro elemento «distorsionador» en el ya complejo panorama de la producción nacional, ya que impone un gravamen nacional a las operaciones en moneda extranjera, especialmente en dólares.

A pesar de que esta medida fiscal ha estado presente en el país durante siete años, la promulgación de la Ley, registrada en la Gaceta Oficial N° 6.687 del 25 de febrero de 2022, introdujo un nuevo giro. Esta modificación permitió que tanto los usuarios como los clientes compartieran la carga tributaria en transacciones realizadas en divisas distintas al bolívar, generando una dinámica impositiva más abarcadora.

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No obstante, después de diecisiete meses desde su implementación, la administración tributaria no ha divulgado sus metas de recaudación asociadas a este impuesto. Esta falta de transparencia ha dejado al país en la oscuridad en relación con la fase actual del proceso recaudatorio, dejando interrogantes sobre si el objetivo está lejos o cerca de alcanzarse.

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Retomando la opinión de Ivette Jiménez, una experta en derecho tributario, se destaca que los contribuyentes especiales son ahora considerados como agentes de percepción de este impuesto. Este cambio ha añadido una carga adicional de responsabilidad, ya que deben invertir tiempo adicional para cumplir con las obligaciones ante la administración tributaria nacional.

«La aplicación de un impuesto en operaciones en dólares impacta directamente en el consumidor final y en el ciudadano venezolano común. Es ya una realidad cotidiana que, al realizar compras en establecimientos formales con dólares, se nos informe que se aplicará un 3% adicional en concepto de IGTF», agrega Jiménez, subrayando la incidencia directa en el bolsillo de los ciudadanos.

Con información de El Impulso

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Source: Descifrado

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