El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) Roberto Orta, advirtió que la Ley de Registros y Notarías establece un porcentaje máximo por ese servicio público que es la inscripción del documento en que se transfiere la propiedad o vivienda.
Asimismo, denunció que ese arancel pasa a ser de un 5% a 40% del valor de la vivienda, e insistió que es un impuesto a la compra que pagan los venezolanos.
En entrevista con Román Lozinski para el Circuito Éxitos aseguró que la población desiste de estas negociaciones porque no le alcanza y no puede pagar los aranceles, indicando que en ocasiones recurren a un documento privado donde no se traspasa la propiedad.
«Hay una enorme preocupación porque no se pueden comprar las viviendas, primero porque no hay financiamiento y luego porque se consiguen con esta pared» añadió.
El también presidente del Fiabci Venezuela destacó que la gente no está conforme con que esta planilla esté por fuera de los porcentajes establecidos por la ley y que se haya sobrestimado el valor del inmueble.
Desde la CIV recomiendan introducir un recurso jerárquico en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) donde se establece en una carta el valor justo de esa panilla y en muchos casos se ha ajustado a la realidad.
«Eso ha prosperado un poco, pero no sirve para quienes deben vender una propiedad en otras ciudades, es mucho más complicado venir a Caracas» acotó.
Sostuvo que el sector inmobiliario lo ocupa el mercado secundario, porque la construcción de inmuebles, sobre todo de viviendas está prácticamente detenida, con excepción de algunos proyectos pequeños en Caracas.
«El último año ha estado bastante fuerza el tema de los alquileres, por la falta de financiamientos la gente debe optar por un arrendamiento. Seguimos insistiendo en la reforma de las leyes» señaló.
Con información del Circuito Éxitos
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