Hoy el trabajo en Venezuela no es una fuente de progreso, es una actividad de sobrevivencia, por lo tanto, los valores que lo sostienen están necesariamente cuestionados. Es la hora de la responsabilidad para las empresas, los trabajadores y el Estado.
Es importante comenzar a discutir una reforma integral del sistema legal que regula las relaciones laborales en Venezuela, porque en las condiciones actuales no existen ganadores ni sectores adecuadamente protegidos.
Por una parte, las empresas tienen sobre sus operaciones un modelo de legislación laboral que impide el funcionamiento de un mercado competitivo, donde el talento tenga espacio para conseguir mejores condiciones y remuneraciones, ya que las normas establecen regulaciones excesivas, mantienen un régimen de prestaciones retroactivo que ya es inoperante y generan un marco de condiciones que implican no pocos riesgos de sanción para las compañías.
Pero, el trabajador tampoco se ve beneficiado por una normativa que pretende protegerlo, ya que una legislación laboral excesivamente garantista conspira contra la generación de empleo y, más aún, no otorga la flexibilidad necesaria para que se produzca una negociación que satisfaga las expectativas del colaborador.
Por supuesto, no es justo ni serio colocar sobre la legislación laboral toda la responsabilidad de la creciente informalización del mercado de trabajo, en Venezuela. La prolongada crisis económica ha obligado a todos los agentes económicos -empresarios y trabajadores, especialmente- a adaptarse para negociar sobre el terreno condiciones que necesitan un marco justo, en función de asegurar la inexistencia de abusos y otras prácticas indeseables.
Una regulación justa, eficiente, basada en la realidad y que se adapte a principios básicos de equidad, corresponsabilidad, ética en la relación y compromiso mutuo, que no desnaturalice el trabajo ni considere a la parte empresarial como un adversario es indispensable para regresar a niveles adecuados de formalidad en el trabajo.
Lo dijimos en un Editorial reciente donde comentamos los anuncios sobre remuneraciones hechos el primero de mayo: el salario es lo urgente, pero no lo es todo.
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La empresa privada ha hecho un esfuerzo importante por elevar las remuneraciones de sus colaboradores y, de acuerdo con datos recientes, mantener una relativa competitividad en este factor es cada vez más pesado en la estructura de costos; sin embargo, la voluntad generalizada es mantener niveles salariales tan adecuados como sea posible, porque si algo ha enseñado la crisis es a valorar aún más al capital humano, sobre todo al más calificado.
Este es un tema crítico, fundamental, prioritario si se quiere reconducir a la economía por un camino de crecimiento sostenido.
La empresa venezolana ha aprendido, estamos seguros, que la fuerza laboral es el socio más importante, la fuente de capital más estratégica si se quiere tener éxito y crecer con perspectiva de largo plazo.
Generar un marco normativo que profundice esa relación entre socios y aliados, que garantice regulaciones adecuadas que salvaguarden de manera justa y equitativa los derechos de las partes es una tarea irrenunciable e impostergable.
Esa lógica ideológica del “enemigo histórico”, de confrontación de clases, como fundamento de la legislación laboral no nos ha llevado a un mejor lugar. ¿Quién puede estar en contra de que un trabajador reciba un ingreso adecuado a su desempeño y competencias, además de que le permita crecer como persona y actor social? ¿Quién puede estar en contra de beneficios que aseguren la salud, la educación y la calidad de vida de los empleados?
La actual legislación pareció olvidar la larga tradición de contrataciones colectivas exitosas, de los beneficios de un salario adecuado, de pólizas de seguro, bonos por rendimiento, becas y otras condiciones que la empresa privada venezolana ofrecía a sus empleados, como parte de una estructura normativa negociada y acordada que la crisis arrasó.
Hoy el trabajo en Venezuela no es una fuente de progreso, es una actividad de sobrevivencia, por lo tanto, los valores que lo sostienen están necesariamente cuestionados.
Es la hora de la responsabilidad para las empresas, los trabajadores y el Estado. La realidad compleja del mercado laboral amerita, insistimos, acción urgente y no hay mucho que inventar. La realidad deja claras pistas sobre dónde están los problemas y enseña que un diálogo desprejuiciado y realista es el primer paso para avanzar.
Hay que tener presente que un trabajador bien remunerado, de manera integral, es la garantía más importante para el crecimiento económico del país.
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