Los trabajadores públicos de Venezuela inician otro año de protestas contra los «salarios de hambre», una lucha que planean intensificar hasta que el clamor por un ingreso que satisfaga sus necesidades reciba, finalmente, una respuesta de las autoridades acorde a sus demandas, dijeron sindicalistas a Efe.
Cientos de trabajadores llevaron a cabo el lunes la segunda jornada de manifestaciones de 2024, que finalizó con el anuncio de Nicolás Maduro de un aumento de 30 a 60 dólares de una bonificación mensual sin incidencia en el cálculo de beneficios como las prestaciones, mientras que el salario mínimo se mantiene, desde marzo de 2022, en 130 bolívares, hoy 3,6 dólares al mes.
Este incremento forma parte de una «política de bonificación» -rechazada por trabajadores, dirigentes sindicales, ONG y opositores- que «ha conllevado a que se pierda el salario», de donde «nacen todos los beneficios», dijo a Efe el coordinador general de la Red Sindical Venezolana, Mauro Zambrano.
Según sus cálculos, el gobierno ha bonificado el 95% del ingreso, a la vez que mantiene el salario «totalmente congelado», mientras que la canasta básica de alimentos, para una familia de cinco personas, tiene un costo de 531,95 dólares al mes, 12,9% más respecto a marzo de 2022, cuando costaba 471,16 dólares, según estimaciones independientes.
El salario, insuficiente
Con el reciente aumento de una de las bonificaciones, el Ejecutivo eleva de 70 a 100 dólares el denominado «ingreso mínimo integral indexado» (IMII), que incluye otro bono, de 40 dólares, que tampoco genera pasivos laborales a las millones de personas que perciben estos montos.
Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional, explicó a Efe que en el cálculo de beneficios como las vacaciones «no contabilizan los bonos», sino el salario, que «prácticamente desapareció», pues «no sirve para nada».
De acuerdo con el artículo 91 de la Constitución, todo trabajador «tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales», es decir, otros gastos básicos además de la alimentación.
No obstante, según dicen trabajadores y sindicalistas, lo establecido en este artículo de la carta magna «no se cumple».
Por ejemplo, Eyeris Lovera, de 46 años de edad, dijo a Efe que los 210 bolívares que cobra al mes -unos 5,8 dólares- en una universidad pública en Caracas, donde tiene 20 años de servicio en el área de limpieza, le alcanzan básicamente para «nada».
Un kilo de carne de res cuesta 7 dólares en establecimientos de Caracas.
Lovera, quien agradece contar con el apoyo de su pareja y sus dos hijos, se encontraba en la protesta del lunes en Caracas, a donde acudió cansada de su situación y para exigir un salario que le permita cubrir sus gastos.
Sin excusas
El gobierno achaca la caída del poder de compra de los venezolanos a las sanciones internacionales, que provocaron una «escasez de recursos», sobre todo por las medidas estadounidenses aplicadas al sector petrolero, la principal fuente de ingresos del país.
Sin embargo, Zambrano aseguró que las autoridades «ya no tienen las excusas de las sanciones» desde que Estados Unidos levantó, en octubre, algunas de estas medidas, entre ellas las relacionadas con el petróleo y el gas, un alivio temporal cuyo plazo está previsto que se venza en abril.
«Las sanciones, en un momento, fueron la excusa perfecta para que los trabajadores no tuvieran salario. En este momento no hay sanciones, hay ingresos en el país, pero son destinados a otras cosas, le dan prioridad a cualquier otra cosa política, partidista, incluso electoral, que al salario de los trabajadores», dijo.
Según el Ejecutivo, el país recaudó 5.750 millones de dólares en impuestos el año pasado, cuando también, por otro lado, percibió 6.230 millones de dólares por la vía petrolera.
La lucha
A juicio de Zambrano, no hay «disposición ni voluntad política para arreglar esta situación» que enfrentan los trabajadores, quienes tienen previsto llevar a cabo «mucha protesta» este año.
«No vamos a desistir, vamos a seguir en la calle», dijo el coordinador de la Red Sindical.
Por su parte, Salazar señaló que un reto que tienen los sindicalistas en 2024 es «generar un movimiento tan fuerte de la clase trabajadora» que logre producir un «cambio en este país» que garantice «calidad de vida» y «un futuro» para los jóvenes.
Aseguró que los trabajadores públicos no han sentido la «supuesta recuperación económica» de Venezuela, donde «solamente hay una burbuja de una cúpula» que «vive como reyes, mientras todo un pueblo vive con hambre».
«Un salario que tenga poder adquisitivo es lo que va a indicar que un país va en vías de crecimiento, y en Venezuela no existe nada de eso, por eso es que los trabajadores venezolanos estamos indignados», agregó.
EFE
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