Un Tribunal de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York ha emitido un veredicto en contra del Banco San Juan Internacional, una institución bancaria internacional con sede en Venezuela que comenzó a operar en Guaynabo, Puerto Rico en 2011.
El banco había presentado una demanda contra el Banco de la Reserva Federal de Nueva York después de la cancelación de su cuenta maestra, argumentando que sin ella no podría funcionar eficazmente como institución de depósito.
El tribunal de Manhattan ha concluido que Banco San Juan Internacional no ha logrado demostrar un daño irreparable por la falta de acceso al sistema bancario central de los Estados Unidos. La institución ha anunciado su intención de apelar la decisión.
En una decisión de 33 páginas, el juez John Koeltl afirmó que no encontró «ninguna probabilidad» de que la Reserva Federal de Nueva York hubiera actuado de manera arbitraria o caprichosa, dadas las «numerosas señales de alerta» que se presentaron.
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El juez Koeltl declaró: «Aceptar depósitos y proporcionar servicios financieros a una institución financiera con el historial de incumplimiento de Banco San Juan Internacional expone al Banco de la Reserva Federal de Nueva York y al sistema financiero a riesgos». Además, señaló que «aprobar la solicitud de Banco San Juan Internacional para ayuda de emergencia pondría en peligro al público».
La cancelación de la cuenta está relacionada con posibles incumplimientos de las leyes de lavado de dinero y las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos contra Venezuela.
En 2020, Banco Internacional de San Juan aceptó pagar $1,000,000 para poner fin a una investigación federal sobre lavado de dinero relacionada con transacciones con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), la empresa estatal venezolana.
Como parte del acuerdo, el tribunal federal acordó devolver los $53 millones incautados al banco y cerrar la investigación. Banco San Juan Internacional asegura que ha mejorado su programa de cumplimiento desde 2020.
Según la investigación, el banco otorgó un préstamo de $519 millones a Pdvsa en abril de 2017 y habría ocultado a las autoridades reguladoras en qué cuenta se depositó el repago de la petrolera estatal venezolana.
Las investigaciones sugieren que la entidad financiera «habría lavado» más de $73.8 millones en transferencias bancarias realizadas por Pdvsa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos consideró que estas transacciones violaban las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela, lo que llevó a la confiscación de los $53 millones y a un allanamiento de las oficinas del banco en febrero de 2020.
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